La paciencia tiene un límite. “Si se produce la subida de Impuestos de Sociedades recogida en el acuerdo de legislatura entre PSOE y Podemos, muchas empresas van a cambiar su sede fuera de España, sobre todo del sector energético y bancario”, asegura el directivo de una patronal, acostumbrado a tratar todos los días con los responsables de los grandes grupos empresariales.
“Los bancos y las energéticas no van a aguantar que, además del gravamen extraordinario para dos años, se aplique un impuesto sobre los resultados directamente en lugar de la base imponible”, asegura. El llamamiento del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, a trasladar inversiones fuera de España por la inseguridad jurídica, fue secundado esta semana por el consejero delegado de Endesa, José Bogas, o por la presidenta del Santander, Ana Botín.
Hacienda da marcha atrás en Sociedades tras la amenaza de las empresas de seguir a Ferrovial
“Los impuestos deben ser justos. Si se pagan demasiados, la gente se va”, sentenció. Unas palabras que se interpretaron como un aviso a navegantes de Botín sobre un hipotético cambio de sede del mayor grupo bancario de España y de Europa, al igual que hizo esta primavera Ferrovial, si la presión fiscal sigue subiendo de grados. El Santander siempre antepuso el interés de sus accionistas sobre todo lo demás.
Fue ese clima de beligerante unanimidad entre los principales responsables de Ibex lo que llevó el jueves al secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, a dar marcha a atrás y matizar que el objetivo será “gravar el resultado contable ajustado en términos internacionales”. De este modo, las diferencias respecto a los saldos fiscales que se obtienen con los impuestos nacionales serían mínimas. Sánchez y Díaz no mencionaron el término “ajustado” en la reforma de Sociedades, con la que pretenden recaudar 10.000 millones más anuales. Lo que Hacienda no está dispuesta a renunciar es a los gravámenes extraordinarios, que este año aportarán ingresos por 2.900 millones, cifra que se prevé superar en 2024.
“El problema -asegura un economista- es que Hacienda obtuvo más ingresos fiscales de los esperados de energéticas y bancos y ahora no está dispuesta a prescindir de esos recursos y más con las necesidades que habrá de reducir el déficit en los próximos años”.
El acoso hacia los empresarios es insostenible. Al zafarrancho tributario se sumará un endurecimiento de los despidos, que la vicepresidenta segunda dará a conocer cuando el Gobierno eche a andar. A lo que sí tuvo que renunciar Díaz, ante la negativa de los socialistas, es al cheque de 20.000 euros para cada joven que cumpla de 18 años, prometido en campaña electoral.
La complicidad entre los dos principales partidos de la coalición de Gobierno es evidente. Díaz se está saliendo con la suya en el caso de Telefónica. Dijo que trabajaría para que “la entrada del grupo saudí STC en Telefónica no se produzca” y los saudíes ya han comunicado de manera extraoficial al Gobierno, su disposición a quedarse con el 4,9% del capital, renunciando a tomar el 9,9% previsto.
El colaboracionismo de STC quiere ser aprovechada por el Gobierno para poner un pie en la operadora de telecomunicaciones española, sumándose a la ola de intervencionismo que recorre Europa. El Ejecutivo liberal de Emmanuel Macron acaba de nacionalizar la eléctrica pública EDF y el Ejecutivo de ultraderecha de Giorgia Meloni tomó una participación del 20% en Netco, la filial de fibra óptica de Telecom Italia, en la que ya estaba presente a través de una agencia gubernamental.
La primera ministra italiana justificó la compra por su carácter estratégico y en defensa de la Seguridad Nacional. Palabras similares a las oídas a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, o a la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, de Telefónica.
Pero la diferencia está en que Macron era ya propietario del 85% de la eléctrica francesa o del 13% de Orange y el Estado italiano mantiene participaciones en Telecom Italia o en las energéticas Enel o la petrolera ENI. Asimismo, un tercio de Deutsche Telecom está en manos oficiales.
El Gobierno español da, por el contrario, un paso atrás en la liberalización, al intentar volver al capital de sociedades privatizadas. Para ello, ha desempolvado el viejo proyecto de fusionarla con Indra, con importantes intereses en el sector de Defensa, además, de la tecnología. El Estado es dueño y señor de casi un tercio de Indra, que podría tomar una parte junto a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del 5% que los árabes tienen en derivados. El parecido entre ambas sociedades es como el de “un huevo a una castaña”, señala un experto en el sector.
Para preservar la seguridad nacional no es necesario entrar en el capital. El objetivo va más allá, es influir en la gestión, como hace en Red Eléctrica o Enagás, donde el Gobierno pone o quita a sus primeros ejecutivos, pese a que en esta última sólo posee el 5%.
El fondo soberano saudí FIP que ejecutó la compra de Telefónica no es activista, suele cerrar filas con los intereses del país en el que adquiere activos. Si se cuenta con la complicidad de los saudíes, la SEPI se convertirían en el primer accionista de lejos, con cerca del 10%, seguida del grupo Criteria Caixa, con algo más del 6%.
Calviño no informó a Telefónica de la entrada de la SEPI y planea controlarla con el apoyo saudí
Otra prueba de que, en realidad, se trata de un asalto por el patio trasero es que el Gobierno, en ningún momento, informó a la dirección de Telefónica de sus intenciones de entrar directamente en el capital con la SEPI, aunque sí conocían las gestiones para atraer a empresas nacionales. Un extremo particularmente grave, teniendo en cuenta que se produce en víspera de la presentación del plan estratégico para los próximos años por parte de su presidente, José María Álvarez Pallete. La vicepresidenta no está acostumbrada a las sorpresas. Calviño, por lo visto, se enojó mucho al enterarse casi por la Prensa de la adquisición de los saudíes.
La SEPI intentó recabar la participación de otros inversores institucionales. Uno de los empresarios a los que se pidió apoyo fue al dueño de Inditex, Amancio Ortega, que ya posee un tercio de Telxius, la antigua filial de antenas y cable submarino. La propuesta no encaja, sin embargo, en el imperio de Ortega que ya es socio del Gobierno en Enagás o en Red Eléctrica. Ortega alegó que no sólo está interesado en empresas que vendan servicios a otras empresas, pero no al gran público.
Entre los empresarios que también habría tocado están el incombustible Florentino Pérez, o el presidente de Gestamp, Paco Riberas, que es ya el primer inversor individual de Telefónica y miembro de su consejo de administración.
Naturalmente, ningún empresario se ha prestado a acompañar a la SEPI en su arriesgada maniobra política. En primer lugar, porque los grandes fondos privados presentes en su capital, como Blackstone, pueden poner pies en polvorosa. Pero, además, es que rehúsan ser cómplices del intervencionismo estatal, que mañana puede extenderse al sector energético, como piden desde Podemos, con la excusa de que París, Romao Berlín amparan bajo su égida a empresas públicas.
Un intervencionismo en toda regla que, unida la presión impositiva sobre las sociedades, siembra la inquietud entre los empresarios ante la nueva legislatura.
PD.-En el frente internacional, los mercados financieros reaccionaron con importantes alzas, una vez que la Reserva Federal y los últimos datos de empleo americano, apuntan a que los tipos de interés podría haber tocado techo. La contratación se desaceleró drásticamente en octubre, una señal de que la economía se está enfriando en Estados Unidos, con sólo 150.000 nuevos empleos , casi la mitad de los previstos.
En Europa, donde la economía entró en terreno negativo en el tercer trimestre, se espera que el BCE mantenga las tasas en su nivel actual por lo menos hasta finales del próximo año, salvo que se produjera un repunte inesperado de los precios energéticos.
En este aspecto, también se han despejado los temores a un fuerte incremento del barril de crudo como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. El jefe del grupo terrorista Hezbolá, Hassan Nasrallah, prometió intensificar la presión militar sobre Israel, pero descartó una guerra total, lo que alivió los temores a una internacionalización del conflicto a Irán y otros países de la zona.